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Dejadez del fiscal Gomer Santos frustra detención de “Las Hienas de Masisea”

La Corte Superior de Justicia de Ucayali rechazó la captura del alcalde Manuel Dreyfus Ríos y otros 13 implicados en el caso debido a que el encargado de investigar a esta red criminal desde el Ministerio Público no argumentó “debidamente” su pedido.


Escribe: Sigridt Rodríguez

Sobre Gomer Santos pesan serios cuestionamientos, entre ellos el haber dejado libre al alcalde Dreyfus. | LVU


La detención de “Las Hienas de Masisea”, la red criminal integrada por el alcalde Manuel Dreyfus Ríos y otros 13 funcionarios involucrados en delitos de corrupción, se frustró debido a que el fiscal anticorrupción Gomer Santos Gutiérrez incurrió en diversas omisiones que fueron objeto de crítica dentro de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.


Si bien el allanamiento a la Municipalidad de Masisea se concretó el pasado 30 de septiembre por la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), el pedido de captura del alcalde Dreyfus Ríos y sus trabajadores fue rechazada por la jueza Irene Hidalgo Armas al no haber encontrado argumentos “debidamente sustentados” por parte de la Fiscalía.


“Este despacho judicial evidencia que no se ha cumplido con desarrollar de manera suficiente dicho punto, puesto que la Fiscalía solo se ha limitado a establecer que por la gravedad de la pena se estaría dando cumplimiento a dicho requisito”, se lee en la resolución judicial que permitió el allanamiento al municipio masiseíno.

Orden judicial de allanamiento que revela la inoperancia del fiscal Gomer Santos. | LVU


“Para el criterio de este despacho, invocar la sola gravedad de la pena que se espera no resulta argumento suficiente debido a que el Tribunal Constitucional determinó que, por sí sola, la gravedad de la pena no es suficiente para sustentar una medida de detención judicial”, argumentó la titular del Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria.


A criterio de la magistrada Hidalgo Armas, “es importante destacar que el requerimiento fiscal debe tener suficiencia en los presupuestos materiales, de lo contrario -advierte- no lo debe requerir, puesto que es una exigencia para estos casos que el requerimiento fiscal (de detención preliminar) deba estar debidamente sustentado”.


Por si fuera poco, la solicitud fiscal de allanamiento y descerraje, registro domiciliario y personal, incautación de documentos, celulares y otros objetos, fue aprobada por el Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria el 24 de septiembre con la finalidad de asegurar la investigación. Sin embargo, la orden judicial fue acatada recién luego de cinco días.


En diálogo con La Voz Ucayalina, Santos Gutiérrez alegó que “si bien es cierto que la orden se produjo el día viernes (24), recién el día lunes (siguiente) fue subsanada porque hemos planteado también una aclaración a la resolución de allanamiento”. Desde su perspectiva, las observaciones de la jueza solo “han desarticulado el plan de operaciones que se tenía programado”.


Sin embargo, este medio digital pudo conocer que el mismo 24 de septiembre, día en que fue aprobada la orden de allanamiento, un importante contingente policial de la Dircocor llegó a Pucallpa exclusivamente para intervenir la Municipalidad de Masisea y las casas de los 14 funcionarios implicados en este caso de corrupción.

Foto del avión que llevó al personal policial a Pucallpa el 24 de septiembre para la frustrada diligencia fiscal. | LVU


En manos de la Fiscalía Anticorrupción se encuentra la voluminosa cantidad de elementos probatorios -entre ellos informes técnicos, conversaciones privadas, testimonios y recibos- que podrían poner tras las rejas por más de cuatro años a la organización criminal liderada por Dreyfus Ríos, investigada por delitos de colusión, peculado y cohecho.


No está demás recordar que al fiscal Gomer Santos Gutiérrez se le abrió una investigación que sigue en curso luego de ser acusado de formar parte de una red de extorsionadores -integrada por el prófugo exsuboficial de la Policía Carlos Sosa Estupiñán- que ofrecía “inmunidad” en el Ministerio Público a cambio de dinero.